El Ayuntamiento de Roma anunció que pondrá límite de visitantes a uno de sus espacios más emblemáticos: la Fontana di Trevi. Ese límite consistirá en que, a partir del 7 de enero de 2026, los visitantes que deseen acceder al área más próxima del monumento deberán abonar 2 euros por cabeza. La medida responde a la «necesidad de ordenar uno de los puntos más concurridos de la ciudad».
La Fontana di Trevi, convertida en parada obligada para millones de viajeros, recibe cada año una afluencia que supera los 10.000.000 de personas, una cifra «difícil de gestionar en un espacio urbano de dimensiones reducidas». El concejo de Roma considera que el control de accesos permitirá mejorar la seguridad, reducir la congestión y proteger un entorno sometido a un desgaste constante por el «auge del turismo de masas en la capital italiana».
El nuevo sistema se apoyará en un control físico de entradas que limitará el acceso directo al perímetro donde tradicionalmente los visitantes se concentran para fotografiar la fuente o lanzar monedas. Aunque el monumento seguirá siendo visible desde el exterior, la experiencia de acercarse a la lámina de agua quedará reservada a quienes cuenten con el pase correspondiente. La iniciativa se integra en una estrategia más amplia de turismo sostenible con la que Roma busca compatibilizar su papel como destino global con la conservación de su patrimonio histórico.
Cada año en la Fontana di Trevi se recogen alrededor de 1.500 kilos de monedas arrojadas por los visitantes, una tradición profundamente arraigada que genera una logística compleja en términos de limpieza y mantenimiento. Estos fondos, que se destinan a proyectos sociales gestionados por Cáritas Roma, seguirán teniendo el mismo fin, independientemente de la introducción de la tarifa de acceso. LA tradición marca que, quien arroje una moneda a la fuente, volverá a visitar la ciudad.
¿Qué hará el ayuntamiento con el dinero obtenido de las entradas? Estiman que el nuevo modelo podría generar en torno a 20.000.000 de euros anuales, ingresos que se reinvertirán en la conservación de monumentos, la mejora de servicios turísticos y la protección del espacio público, una prioridad creciente en una ciudad que sufre de forma recurrente los efectos de la masificación. Asimismo, se está estudiando la aplicación de exenciones o tarifas reducidas para residentes, centros educativos y personas con movilidad reducida.
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